En el período salinista el proyecto neoliberal se
fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados
de la política económica gubernamental, en ésta etapa; se realizan algunas
reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado,
tal es el caso de los Artículos 28, 73 y 123 referidos a la
reprivatización de la Banca, la reforma electoral, de la ley de culto; y del
Artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender
sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros (tendiente a eliminar los
ejidos) 2 (Vidales, 1996).
En efecto, con las modificaciones realizadas al
Artículo 27, se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la
propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de participación del capital
privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales, además de
ser objeto; de compra, venta, arrendamiento y de contratos de asociación; se
buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades
agrícolas con el apoyo del sector privado. Es decir; la modificación al
Artículo 27, forma parte de la reestructuración de la economía mexicana en
general en un nuevo modelo de inserción en el mercado mundial.
En esta
lógica la agricultura requería de una modernización de infraestructura productiva
y de comercialización para aumentar la productividad y competitividad
internacional. Para ello, se necesitan cuantiosas inversiones en el agro, que
ahora tienen que ser realizadas por el capital privado. De acuerdo con Nava
(2000), en el contexto de la reestructuración económica, las políticas
neoliberales en el medio rural se traducen en:
- Reformas
al Art. 27 Constitucional para cancelar el reparto agrario, acelerar la
entrada al libre mercado de la tierra ejidal y comunal, liberalizar la
mano de obra y fomenta la producción agropecuaria y forestal a gran
escala, vía inversión del gran capital industrial nacional y extranjero.
- Desmantelamiento
y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector
agropecuario, así como de la infraestructura productiva.
- Retiro
de subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios.
- Orientación
de la producción agrícola al mercado internacional (exportación).
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